INFORMACION: Fiscalía ambiental mexicana esquiva denuncias contra Tren Maya

   

Por Emilio Godoy / Agencia IPS

MÉXICO – Una lengua beige avanza por la selva maya en las inmediaciones del municipio de Izamal, en el estado de Yucatán, en el sureste de México. Es el tramo 3, de 172 kilómetros de extensión, del Tren Maya (TM), el megaproyecto más importante de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mordida metálica de las retroexcavadoras engulle la vegetación para abrir las arterias de la selva para el tendido y la edificación de las cinco paradas de esa parte de la futura red ferroviaria, que se está erigiendo a un costo situado actualmente en más de 15 000 millones de dólares, 70 % por encima del previsto inicialmente.

El indígena maya Pedro Uc, integrante de la no gubernamental Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, resumió el impacto ambiental del TM en una zona de milpa (cultivo conjunto de maíz, calabaza, frijol, chile) y de avicultura.

“Todo lo que pasa en la península (de Yucatán) es una afectación al pueblo maya, dañando a los árboles, al agua, a los animales. Es una parte de nuestro territorio que se está destruyendo. Quienes no producen su propia comida, tienen que depender de otros”, señaló  a IPS desde Buctzotz (vestido de pelo, en maya), en Yucatán, a unos 1 400 kilómetros de Ciudad de México.

Sin territorio, no hay alimentos, subrayó el activista, cuya organización trabaja en 25 municipios de la península, integrada por los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y sede del segundo macizo selvático más importante de América Latina, luego de la Amazonia.

A pesar de las múltiples denuncias de daño ambiental, la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aún no resuelve estas quejas, a más de dos años del inicio de la construcción.

“Nunca ha funcionado. No ha sido una instancia que atienda el tema, están de adorno. Profepa debería atender las denuncias”, aseguró Uc, cuya localidad se sitúa a 44 kilómetros al sureste de Izamal, una de las estaciones del ferrocarril.

“Todo lo que pasa en la península (de Yucatán) es una afectación al pueblo maya, dañando a los árboles, al agua, a los animales. Es una parte de nuestro territorio que se está destruyendo. Quienes no producen su propia comida, tienen que depender de otros”: Pedro Uc.

Profepa, dependiente de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), recibió dos denuncias en 2020, una en 2021 y 159 en los primeros cinco meses de este año por “actos hechos u omisiones en contravención de las leyes ambientales”, según solicitudes de información pública presentadas por IPS.

La Procuraduría supervisa el megaproyecto con su “Programa de inspección Tren Maya, en las materias de impacto ambiental, forestal, vida silvestre y fuentes de contaminación”, cuyos resultados son desconocidos.

La dependencia efectuó en diciembre del año pasado una inspección sobre generación y manejo de residuos peligrosos en el sureño estado de Chiapas que, junto a los de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, son parte del tendido de la obra.

Además, en junio y julio realizó otros dos recorridos de verificación de medidas de mitigación de emisiones contaminantes y gestión de desechos. Profepa aún analiza los resultados de esas visitas.

La fiscalía ha hecho exploraciones en nueve municipios del tramo dos, ocho del cuatro y 16 del cinco. El tendido de las líneas 6 y 7 iniciaron en abril pasado, sin que la dependencia haya inspeccionado aún. El megaproyecto consta en total de siete tramos,  que se construyen en forma paralela.

El tendido del TM, a cargo del gubernamental Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), recorrerá unos 1500 kilómetros, con 21 estaciones y 14 paraderos, según datos de López Obrador, muy involucrado en la obra y su mayor defensor.

El tren, cuyas locomotoras trasladarán miles de turistas y carga, como soja transgénica, aceite de palma y carne de cerdo, horada 1 681 hectáreas, que implican el corte de 300 000 árboles, según el estudio original de impacto ambiental. El tendido de los tramos 1, 2 y 3, que requieren de 801 hectáreas, empezó sin contar aún con los permisos ambientales.

El gobierno promociona el megaproyecto como motor de desarrollo social, al crear empleos, impulsar el turismo más allá de los centros tradicionales de visitantes y dinamizar la economía regional, lo cual ha desatado controversia entre sus simpatizantes y sus críticos.

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