OPINIÓN: Robo descarado de recursos biológicos, genéticos y conocimientos ancestrales

Despojos realizados con visos de legalidad mediante el registro de patentes protegidas por firma de convenios multinacionales o bilaterales de los gobiernos de turno, en complicidad con las empresas transnacionales, instituciones científicas y ambientalistas de países industrializados. Las víctimas por lo general se ubican en los países pobres y especialmente en los pueblos y comunidades indígenas.

Venezuela ha sido, y continúa siendo víctima de la biopiratería, afirma el especialista forestal venezolano Julio César Centeno: “El reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas en la constitución nacional de 1999, incluyendo el derecho sobre sus territorios ancestrales, genera una estrecha relación entre biodiversidad, recursos genéticos y poblaciones indígenas. La apropiación de los recursos genéticos y de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, por corporaciones y centros de investigación transnacionales, implica el despojo de uno de los recursos más importantes tanto de las comunidades indígenas como de la nación venezolana.

Si bien es cierto que la Constitución Venezolana, explícitamente prohíbe el registro de patentes sobre los recursos genéticos y sobre los conocimientos ancestrales de comunidades indígenas. “Sin embargo, continúa Julio César Centeno, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica sí los permite, amparando así las actividades delictivas que sobre esta materia proliferan sin control en las selvas tropicales suramericanas.

Algunas organizaciones venezolanas, sucursales o dependencias de transnacionales ambien-talistas, amparadas tras presuntas iniciativas científicas, ecológicas o humanitarias, con frecuencia contribuyen con el saqueo del patrimonio biológico y genético del país, o con la expropiación de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas”.

Se dice fácil. Todo este saqueo y trato denigrante a los pueblos indígenas se soluciona haciendo cumplir la Constitución y las Leyes. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce e incluye, como nunca antes a los pueblos originarios, el artículo 124 establece: “Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos.

Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales”. Más claro, “echarle agua”. No obstante, en la práctica, los avances en esta materia no son los deseados. Algunos de los territorios se han convertido en “tierra de nadie”. Las selvas del Imataca, el Alto Orinoco, la Sierra de Perijá, el Delta Amacuro y muchos otros, continúan siendo vías libres para el abuso contra los pueblos indígenas.

Finalmente, es urgente rectificar políticas que por un lado afirman respetar la diversidad cultural, los modos de vida y pensar lo propio y por el otro, en lo que se refiere a la tenencia de la tierra, ancestralmente comunitaria, es sometida a demarcaciones y entregada en pequeñas parcelas, generando disputas individuales, familiares, contrarias a la concepción comunitaria, tradicional, de propiedad social de la tierra.

Es sobre la propia tierra suramericana de las comunidades indígenas donde se cometen todos estos actos delictivos; casi todos ellos impunes, sin penalizaciones. Atrapados entre las transnacionales, latifundistas y sus sicarios y las burocráticas políticas de Estado, los pueblos esperan que se haga cumplir las regulaciones que impiden y penalizan estos robos descarados.

Fuente: Ecoportal.net